La violencia en el campo ha encendido nuevas alertas en el sector agrario. A mediados de mayo, un grupo armado atacó a trabajadores de la empresa agroexportadora Blueberries, en el distrito de Chao, región La Libertad. El atentado dejó al menos cuatro heridos y expuso una problemática creciente: el avance del crimen organizado en zonas productivas del país.
Ante este panorama, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), solicitó una reunión urgente con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para abordar la situación de inseguridad en zonas agrícolas.
Zonas bajo amenaza criminal
Uno de los casos más preocupantes se concentra en el Proyecto Especial Chavimochic (Pech), que garantiza el riego de más de 78.000 hectáreas en La Libertad. “Lo que ha sucedido en Chao no es solamente un ataque a la propiedad privada, es un atentado contra las personas”, advirtió Amaro.
El líder gremial señaló que los delitos se extienden también a otras regiones clave para la agroexportación, como Ica, Chincha, Huaral, Cañete, Áncash (zona de Chinecas), Lambayeque (incluyendo el proyecto Olmos) y Piura. Las modalidades criminales incluyen extorsión a trabajadores y funcionarios, robos de maquinaria e insumos, saqueos, secuestros y balaceras en predios agrícolas.
Afectación a pequeñas y grandes empresas
Amaro indicó que tanto pequeñas como grandes agroempresas enfrentan extorsiones y amenazas. Algunas se ven obligadas a cerrar o a reducir sus áreas de cultivo, lo que afecta la producción local y de exportación.
Entre los productos afectados figuran cítricos, espárragos, granada, banano y caña de azúcar. A ello se suma el retroceso en formalización laboral: “Antes del 2020 había un 80 % de informalidad en el agro; hoy supera el 90 %”, señaló el vocero de AGAP.
¿Un escenario similar al de Pataz?
Aunque el caso más extremo de violencia se registró en el sector minero, con el asesinato de 13 trabajadores en la minera Poderosa (Pataz), Amaro advierte que existen similitudes con lo que ocurre en zonas agrícolas. “Si el Estado no entra a poner orden, el crimen se expande. Hay zonas prácticamente liberadas”, declaró.
Las zonas rurales, donde se concentra gran parte de la producción agraria, se encuentran entre las más vulnerables. Ante la falta de presencia policial efectiva, algunas empresas están optando por contratar seguridad privada, aunque eso no siempre es suficiente.
Riesgo de empleo y pérdida de confianza en la inversión
De acuerdo con cifras del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX), el sector agroexportador generó 519.125 empleos en 2024, un crecimiento de 25,2 % respecto al año anterior. Sin embargo, la inseguridad podría revertir esta tendencia.
“El empleo formal en zonas rurales requiere protección específica. Las empresas siguen operando, pero el riesgo es constante”, advirtió Amaro.
El clima de inseguridad también afecta las decisiones de inversión. “Muchos inversionistas están a la espera de una solución. Suben los costos del crédito y los seguros, y la competitividad del país frente a otros mercados se reduce”, explicó.
Gremios exigen liderazgo estatal
AGAP insiste en la necesidad de una estrategia integral liderada por la Presidencia de la República, con participación de todas las entidades del sistema de justicia y seguridad.
“La presidenta debe asumir el liderazgo. Ya no basta con iniciativas individuales. Se requiere una política articulada que funcione y devuelva la confianza a quienes invierten y trabajan en el agro”, concluyó Amaro.
