La reciente promulgación de la Ley 31801 generó una ola de protestas en Piura y los agricultores temen que esta norma afecte directamente su control sobre la gestión del agua. Por eso, marcharon para pedir que las autoridades reevalúen esta ley y tomen medidas efectivas para enfrentar la crisis hídrica que afecta a la región.
La Ley 31801 plantea transferir el control de la gestión de agua de las comisiones y juntas de regantes a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), lo que implica una centralización en el manejo de este recurso.
Beneficios que plantea la Ley 31801
Según el Gobierno, esta ley resolvería algunos problemas clave de la gestión del recurso hídrico en la región Piura. Al centralizar la administración del agua, la ANA uniformizaría su distribución.
Asimismo, se asignaría el recurso según las necesidades más urgentes al priorizar el consumo humano y las áreas agrícolas más afectadas por la sequía. Además, buscaría evitar que intereses personales controlen el acceso a un recurso tan esencial al promover una visión integral para la región.
Consecuencias que generaría la Ley 31801
Según Pedro Zapata Silva, representante de la Comisión de Regantes de Casaraná, la pérdida de autonomía local en la administración del agua podría tener consecuencias devastadoras para los agricultores, quienes conocen de cerca las necesidades específicas de sus terrenos.
“El Estado no comprende la realidad de nuestras tierras; esta ley nos quita una herramienta esencial para enfrentar la sequía”, expresó Zapata Silva.
Sin embargo, para expertos en gestión de recursos hídricos, la derogación de la Ley 31801 generaría descordinación entre las juntas y comisiones regantes, lo que generaría conflictos y afectaría el suministro equitativo del agua.
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