La Junta Nacional del Café (JNC) solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros la instalación de una mesa técnica de trabajo para evaluar y corregir disposiciones normativas que afectan a más de 110,000 productores de la agricultura familiar organizados en 1,360 cooperativas agrarias a nivel nacional. En una comunicación formal dirigida al Ejecutivo, el gremio expresó su preocupación por los efectos del Decreto Supremo 015-2026-EF y la Ley 32434, señalando que estas normas limitan el acceso a beneficios tributarios, incrementan la carga administrativa y debilitan el modelo de asociatividad cooperativa en un contexto ya adverso para el sector.
Normas cuestionadas y parálisis de solicitudes de devolución de IGV en cooperativas agrarias
Uno de los principales puntos de preocupación de la JNC es la falta de reglamentación del beneficio del Impuesto General a las Ventas (IGV) contemplado en la Ley 31335, vigente desde enero de 2022. Según la organización, esta omisión ha generado rechazos sistemáticos en los procesos ante la administración tributaria, paralizando miles de solicitudes de devolución por parte de cooperativas agrarias.
El gremio señaló además que existe una situación de desigualdad en el tratamiento tributario dentro del sector: mientras el segmento agroexportador cuenta con mecanismos ágiles como el reintegro tributario, las cooperativas agrarias enfrentan restricciones que afectan su operatividad y competitividad.
La JNC advirtió que estas medidas se implementan en un contexto adverso, marcado por la inestabilidad económica y social, así como por factores estructurales como el cambio climático, la presencia de economías ilícitas y las brechas en servicios productivos que afectan a las comunidades cafetaleras del país.
Mesa técnica con PCM, MEF y Midagri: la propuesta del sector cooperativo cafetalero
La JNC solicitó que la mesa técnica sea liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y cuente con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y representantes del sector cooperativo, con el objetivo de evaluar y proponer ajustes a las disposiciones vigentes.
El gremio sostuvo que la solución a esta problemática no requiere nuevas reformas legislativas, sino la adecuada implementación de normas ya existentes y la adopción de medidas que garanticen condiciones equitativas para el desarrollo del cooperativismo agrario en el país.
