Desde el 2024, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha otorgado más de 14,000 derechos de uso de agua a escala nacional, una medida que fortalece el acceso legal al recurso hídrico por parte de los agricultores, especialmente en regiones clave como Tumbes, Piura y Lambayeque. Esta formalización representa un avance significativo en la gestión del agua y mejora las condiciones productivas del agro familiar.
Más de 14,000 licencias otorgadas impulsan la formalización hídrica
La ANA informó que, de enero a diciembre del 2024, se entregaron 10,969 licencias de uso de agua, mientras que hasta junio del 2025 se han sumado 3,283 derechos más, todos registrados en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA). Esta estrategia busca consolidar una gestión hídrica formal y eficiente en beneficio directo de los productores agrarios.
La implementación se realiza mediante un proceso simplificado y gratuito, establecido por el Decreto Supremo N.° 001-2024-MIDAGRI, el cual es ejecutado por las Administraciones Locales de Agua (ALA), con un enfoque territorial dirigido a las zonas rurales.
Mejores oportunidades para los agricultores formales
Según la ANA, contar con una licencia formal permite a los agricultores acceder a programas de tecnificación del riego, asistencia técnica, obras hidráulicas y financiamiento agrario. Esto contribuye a un uso más eficiente del agua y a la mejora de sus condiciones de vida.
“El otorgamiento de licencias de uso de agua es un paso fundamental para asegurar que nuestros agricultores accedan legalmente al recurso hídrico. La formalización no solo protege sus derechos, también los empodera, mejora su productividad y los integra a una gestión moderna del agua. Desde la ANA trabajamos para que el agua no sea solo un recurso, sino una oportunidad de desarrollo sostenible para el agro peruano”, expresó José Musayón, jefe de la Autoridad Nacional del Agua.
La estrategia también incluye un fortalecimiento de la presencia institucional mediante las ALA, facilitando los trámites, eliminando barreras burocráticas y articulando acciones con juntas de usuarios, comunidades campesinas y gobiernos regionales.
