El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre reportó una disminución sostenida de la deforestación en el Perú, luego del incremento registrado en 2020. La entidad indicó que este avance responde al uso de monitoreo satelital, a la vigilancia temprana y al impulso del ordenamiento territorial. Estos esfuerzos forman parte de las estrategias aplicadas en los últimos años para enfrentar la pérdida de bosques, considerada una de las principales amenazas ambientales del país.
Reducción de la deforestación en el Perú
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre informó que la disminución está vinculada al fortalecimiento de las estrategias de prevención, monitoreo y control aplicadas en los últimos años. El Perú es catalogado como el noveno país con mayor superficie de bosques y mantiene el 57.8 % de su territorio cubierto por estas áreas.
El análisis del periodo 2001–2024 indicó que la superficie boscosa pasó de 70.6 millones a 67.5 millones de hectáreas. La variación representa 3.1 millones de hectáreas. Según el organismo, estos datos muestran la necesidad de continuar reforzando las prácticas destinadas a frenar la pérdida de cobertura boscosa.
Monitoreo satelital y vigilancia temprana
Uno de los avances más importantes es el uso del monitoreo satelital. Esta herramienta permite identificar alertas de deforestación e incendios forestales casi en tiempo real. Además, el Sistema de Monitoreo Forestal ofrece información clara y oportuna, lo que facilita una respuesta rápida y coordinada entre Serfor y los gobiernos regionales.
“Los mecanismos de vigilancia temprana han permitido actuar con mayor eficacia frente a actividades como la expansión agrícola, actividades ilícitas o infraestructura no planificada, factores que impulsan la pérdida de bosques”, afirmó Erasmo Otárola, director ejecutivo del Serfor.
Ordenamiento territorial y gestión regional
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego destacó la implementación de la Zonificación Forestal en 16 regiones del país. Esta herramienta, según la entidad, permite ordenar el territorio en función de su aptitud y potencial. “Este proceso no solo fortalece la seguridad jurídica del patrimonio forestal, sino que garantiza un aprovechamiento sostenible y ordenado en coordinación con las autoridades regionales”, añadió.
