Un operativo liderado por la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la inmovilización de 14,700 kilos de carbón vegetal en el distrito de Tingo de Ponaza, provincia de Picota, región San Martín. La intervención se realizó el martes 10 de junio en un terreno de propiedad de un ciudadano extranjero.
La acción policial comenzó a las 4:30 p.m. como parte de un operativo conjunto entre la Unidad de Protección del Medio Ambiente – San Martín y la Unidad de Gestión Forestal y Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) – Picota. Durante la operación se encontraron 210 sacos de polietileno que contenían carbón vegetal elaborado con la especie maderable conocida como quinilla.
Propietario no presentó documentación del producto
Según el informe de las autoridades, el propietario del predio, Ronald Andrés Moreno Enríquez, de nacionalidad ecuatoriana, no presentó documentación que acreditara la legalidad del carbón vegetal. Indicó que los documentos se encontraban en trámite ante la sede central de la ARA en Moyobamba.
Ante la falta de pruebas documentales, se notificó al fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Moyobamba, quien ordenó la inmovilización inmediata del cargamento.
Producto tendría valor comercial de S/ 147 mil
De acuerdo con las estimaciones preliminares, el valor comercial del producto intervenido ascendería a S/ 147,000, lo que representa una pérdida significativa para los involucrados en su presunta comercialización ilegal.
El operativo fue posible gracias a un trabajo de seguimiento e inteligencia previa. Esta labor forma parte de la estrategia de control y prevención contra delitos ambientales, enfocada en identificar amenazas que ponen en riesgo los ecosistemas regionales.
Impacto ambiental y medidas legales
Las autoridades recordaron que la extracción, transporte y venta de productos forestales sin autorización constituye un delito ambiental según la legislación peruana. Las sanciones incluyen penas privativas de libertad, multas económicas y otras medidas coercitivas.
Además del impacto económico, estas actividades generan daños ecológicos severos: pérdida de cobertura forestal, alteración de hábitats y disminución de la biodiversidad. Esto afecta directamente a ecosistemas como los bosques secos y húmedos de San Martín.
Instituciones articulan esfuerzos para frenar tráfico forestal
El operativo resalta la necesidad de reforzar los mecanismos de control interinstitucional. La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la protección ambiental, mientras que la ARA anunció que se mantendrá vigilante ante cualquier actividad que comprometa los recursos naturales.
Las investigaciones continúan para determinar el origen del carbón vegetal y la posible implicancia de otros actores en su cadena de producción y comercialización.
Fuente: Andina.pe
