Aunque el Perú es uno de los países con mayor disponibilidad de agua dulce en el mundo, el 95% de sus recursos hídricos se encuentran en las cuencas amazónicas, esta abundancia no llega con la misma fuerza a la costa, donde se concentra más del 70% de la producción agrícola destinada a la exportación. En estas zonas áridas, la alta demanda y limitada oferta de agua colocan al sector agroexportador en una situación de riesgo estructural.
Actualmente, el país solo regula el 0.29% del caudal disponible mediante embalses y represas. Esta cifra resulta baja en comparación con países vecinos como Chile (0.5%) y Ecuador (2.6%). Este déficit en capacidad de almacenamiento complica la gestión del agua en épocas de sequía o estrés hídrico.
Infraestructura limitada y monitoreo deficiente
El sistema hídrico nacional combina infraestructura pública (presas, reservorios y canales) con instalaciones privadas como pozos y sistemas de riego tecnificado. Se estima la existencia de más de 700 represas, aunque solo 273 cuentan con información detallada. De estas, apenas el 34% está en buen estado operativo y solo el 15% dispone de monitoreo adecuado. También se han registrado más de 1,380 embalses y cerca de 64,000 pozos en funcionamiento.
La red de canales de riego supera los 126 mil kilómetros, muchos de los cuales presentan daños debido a fenómenos climáticos recientes.
Riego tecnificado: bajo alcance y poco incentivo
El riego tecnificado (goteo o aspersión) ha sido promovido especialmente por empresas agroexportadoras, pero su adopción sigue siendo limitada. Solo el 20% de los cultivos en el país utilizan este tipo de tecnología, mientras que la mayoría opera con sistemas tradicionales, cuya eficiencia hídrica es inferior al 60%.
Uno de los principales factores que impide una adopción más amplia es el bajo costo del agua en el Perú. Actualmente, las tarifas pagadas por las juntas de usuarios representan menos del 2% del costo real de producción. Se estima que entre el 70% y 80% de los usuarios acceden al recurso de forma casi gratuita, lo cual reduce los incentivos para optimizar su uso o invertir en tecnología.
Esta situación favorece al modelo agroexportador en términos de competitividad en costos, pero también genera una externalidad negativa: el uso ineficiente del recurso y la falta de financiamiento para el mantenimiento de la infraestructura hídrica.
Crisis hídricas: impactos desiguales
Las recientes crisis hídricas en la costa norte evidenciaron la vulnerabilidad del sistema. En el valle del Chira, cultivos como arroz, banano, mango y limón, que dependen del riego por inundación, sufrieron pérdidas millonarias. En contraste, empresas agroexportadoras que operan con riego tecnificado, como las dedicadas a uvas y arándanos, reportaron daños mínimos.
No obstante, la expansión del riego tecnificado no está exenta de desafíos. Expertos advierten que el uso excesivo de riego presurizado puede generar impactos ambientales, como la reducción del aporte hídrico a humedales y acuíferos, así como la acumulación de sales en los suelos. Por ello, se plantea un enfoque mixto, que combine sistemas tecnificados con métodos tradicionales según las características del cultivo y del ecosistema, junto con infraestructura moderna y adaptable.
Proyectos de inversión: apuesta estratégica al 2040
El Perú ha identificado 22 proyectos de irrigación que representan una inversión estimada de US$ 24 mil millones. Estos permitirían ampliar en un millón de hectáreas la frontera agrícola, mejorar otras 270 mil y elevar las agroexportaciones hasta los US$ 40 mil millones hacia el 2040. Más del 85% de esta inversión provendría de asociaciones público-privadas.
Entre los proyectos más importantes destaca el Trasvase Marañón, con una inversión de US$ 7 mil millones, que busca trasladar agua del río Marañón a la costa norte, irrigando 300 mil hectáreas. También resaltan:
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Chinecas (US$ 3,500 millones) en Áncash
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Pampas Verdes (US$ 4,000 millones) en Ica y Arequipa
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Chavimochic III Etapa (US$ 750 millones) en La Libertad
Proyectos reactivados como modelo
Casos como Chavimochic III, paralizado desde 2016 por problemas contractuales con Odebrecht, han comenzado a destrabarse. En 2023, el Estado firmó un acuerdo con el Gobierno de Canadá bajo el modelo Estado a Estado, permitiendo adjudicar nuevamente la obra.
Lo mismo ocurrió con Majes Siguas II en Arequipa, reactivado en 2022 tras una renegociación con la concesionaria Angostura Siguas S.A. También se han registrado avances en el proyecto Chinecas, que en 2024 suscribió un convenio entre el Gobierno Regional de Áncash y el MIDAGRI para viabilizar su ejecución.
Sostenibilidad hídrica: reto y oportunidad
El desarrollo de infraestructura hídrica no solo es una respuesta al cambio climático, sino una estrategia clave para sostener el crecimiento agroexportador. El sector genera más del 44% del empleo formal vinculado a las exportaciones, superando incluso a la minería.
La agricultura da trabajo a más de 4 millones de personas, y el segmento agroexportador aporta cerca de 1.9 millones de empleos. Si se concretan las inversiones proyectadas, estas cifras podrían duplicarse, contribuyendo al desarrollo rural, la formalización laboral y la sostenibilidad productiva.
Sin embargo, además de ejecutar proyectos, el país deberá revisar los esquemas tarifarios del agua para internalizar sus costos reales y mejorar la eficiencia del sistema. De no hacerlo, la vulnerabilidad hídrica persistirá, limitando el potencial del Perú como proveedor competitivo de alimentos a nivel global.
